EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL GARANTIZA LA POBREZA

La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el art. 4°. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal Argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.

Artículo 17° de la Constitución Nacional

Vivimos en el capitalismo. Es el sistema elegido legítimamente por las mayorías en nuestro país.  No se pone aquí en cuestión eso, mucho menos ahora cuando la quimera comunista fue pulverizada.  De todos modos, cuando vemos las dificultades en nuestro país y el mundo para hacer retroceder la pobreza, debemos preguntarnos algunas cosas.

Ni si quiera los economistas más liberales niegan que el capitalismo tiende naturalmente a la concentración de la riqueza en pocas manos.  Quien pone el capital para producir bienes o brindar servicios se lleva las mayores ganancias y encima manda.  Con esa ganancia tiene mayor capital y por lo tanto fortalece su posición para seguir acumulando.  Obvio, si le va bien.  Exagerando la síntesis, así funciona.  Por ese motivo, quienes tienen una posición más fuerte, es decir, más capital, tienen mayores posibilidades de seguir aumentándolo y se les hace mucho más fácil seguir ganando.  Así las riquezas disponibles en una sociedad se van concentrando en pocas manos.  Especialmente porque cuando se producen nuevas riquezas, la gran mayoría va a parar directamente al dueño del capital invertido para producirlas.  Los trabajadores que no son dueños de la empresa y en realidad son los que generan esa riqueza, quedan con una ínfima parte de las ganancias.  El sistema económico capitalista va dejando así progresivamente muchas personas con menos bienes y pocas personas con grandes riquezas.  Existen miles de factores más que intervienen, como la renta, el crédito, el conocimiento, etc. pero la columna vertebral del sistema es ésta.  En este marco, su piedra angular es la propiedad privada. 

¿Cómo se hace para que en poco tiempo no queden tres tipos con todos los bienes que produce toda una sociedad con su trabajo? Bueno, para eso están los sindicatos y el Estado.  El Estado (no solamente el gobierno, sino también el sistema jurídico del país) debe controlar que no haya explotación de trabajadores, debe felicitar el acceso a la salud, la educación y la vivienda para todos, etc.  En resumidas cuentas, debe intervenir para que el sistema económico no sea una máquina de producir pobres e indigentes, o sea, para garantizar dignidad a todo el pueblo.  Desde esta perspectiva, existen solamente dos modos de hacerlo.  Un modo rápido y traumático, que consiste en sacarle a quienes les sobra para ponerlo allí donde falta.  Y otro modo lento, gradual y con alto costo social, que consiste en generar mecanismos para que las riquezas nuevas no vayan siempre a las mismas manos.

Está demostrado por muchos países (inclusive por el nuestro), que el Estado puede reducir la pobreza dentro del sistema capitalista, siempre que exista una situación general de crecimiento y el gobierno esté decidido a dar una batalla sin cuartel contra el poder económico o al menos contra parte de él.

Muchos candidatos de todas las fuerzas políticas, en todas las épocas, han usado la pobreza con fines proselitistas, afirmando que son capaces de erradicarla rápidamente.  Generalmente lo hacen con efusivas críticas al gobierno de turno por el crecimiento de la pobreza, o, en el mejor de los casos, por su lenta disminución.  Y no es una cuestión actual, sino histórica.  Lamentablemente la historia demostró dolorosamente, gobierno tras gobierno, que no es más que palabrerío electoral.  Dentro del sistema capitalista, respetando la sacrosanta propiedad privada a rajatabla, no hay magos que distribuyan el ingreso equitativamente en poco tiempo.  Algún peronista objetará que en las primeras presidencias de Perón se llegó a una situación de justicia social.  Puede ser cierto, pero debieron cambiar la Constitución Nacional, otorgándole una utilidad social a la propiedad privada y el gobierno terminó derrotado por el establishment, con su líder exiliado.  Nuestra Constitución Nacional actual sacraliza la propiedad privada en su Artículo 17°.  La vuelve intocable.  Eso clausura el camino rápido de distribución de la riqueza.  No solamente impide que un Presidente decida sobre la confiscación de bienes privados, sino también impide que las leyes lo hagan.

Hay que aclarar que no se propone abolir la propiedad privada, ni el capitalismo, ni poner en riesgo los bienes de nadie.  Eso sólo lo puede decidir un pueblo en su conjunto, y nuestras mayorías parecen coincidir en que la propiedad privada no se toca.  Solamente se observa que la pobreza en las actuales condiciones legales no se va disminuir rápidamente, digan lo que digan Lozano, Tenembaum, Lanata, Pino, Prat Gay, Carrió, Stolbizer, Duhalde, Alfonsín o Cristina.  Por una sencilla razón: durante toda la historia se prometió lo mismo y jamás se cumplió. Será que es más fácil postularlo que hacerlo.  Entonces cabe preguntarse si no es tiempo de pedir cosas realizables o tener el coraje de tomar las decisiones que redistribuyan el ingreso de verdad.  Mientras tanto, sepamos valorar los avances, porque no son fáciles, vengan del partido que vengan.