En el espacio político, en los asuntos del estado y las acciones diarias de gobierno, no solamente habitan las ideologías, las pertenencias partidarias, las conveniencias electorales, las lealtades, las traiciones, el temperamento y las ideas. Por encima de todos esos aspectos, influye de manera determinante en el ámbito de las decisiones, el estilo de gobierno, según se otorgue más preponderancia a los reglamentos que a las necesidades o se ponga el acento en la realidad, prestando relativamente menos atención al aspecto reglamentario. En uno u otro sentido, puede atribuirse a dos estilos bien diferenciados de gobierno, la denominación de “reglamentarismo” o “discrecionalidad”.
Visto en la superficie, parece obvio que el camino ético a seguir es el reglamentarismo, porque la discrecionalidad en la toma de decisiones remite directamente al autoritarismo, falta de institucionalidad y por qué no la pérdida de la calidad democrática. Ahora bien ¿Qué ocurre cuando los reglamentos impiden las políticas eficientes? ¿Cómo se hace cuando la ineficiencia del estado promueve las injusticias? También cabe preguntarse a quién afecta con mayor violencia la ineficiencia del estado.
En la ciudad de Chajarí existen casos donde tal situación se patentiza. Por ejemplo, en la reciente discusión sobre algún juicio perdido por el municipio, por haber reclamado deudas prescriptas a la luz de una confusa legislación. La discusión pública se estableció en torno a la legalidad de la situación, pero casi nadie advirtió el hecho de que se trataba de deudas reales. Independientemente de la legislación y de quién tenga razón, el hecho objetivo es que hubo vecinos que no pagaron sus deudas fiscales con la Municipalidad, obligando al resto de la ciudad a pagar por servicios que ellos recibieron y que no contentos con eso, con base en vericuetos legales y abogados que se prestaron a esto, enjuiciaron al municipio y le causaron daños económicos. Magros daños, pero daños al fin. Es decir, no se causó ningún problema a ningún funcionario, sino al conjunto de la sociedad chajariense, que solventa el estado. Pese a esto, el balance entre el pago de las deudas reclamadas por el municipio y las pérdidas en concepto de juicio, dio positivo para el estado municipal. Es decir, entre el pago de los deudores honestos y las pérdidas provocadas por deudores de dudosa ética, la municipalidad de todos modos terminó beneficiándose con la aplicación de esa legislación que se prestaba a dudas.
Otro caso, muy repetido, es el cuestionamiento respecto de las porciones del presupuesto municipal con poca especificación en cuanto a su destino. Si existe un dinero presupuestado para un fin especial y luego se cambia ese destino, el funcionario responsable incurriría en malversación de fondos públicos. Dada la dinámica que adquirió el estado municipal de Chajarí, las obras que se obtienen con fondos nacionales o provinciales y la apertura a las nuevas propuestas en las diversas áreas del estado, hacen que ese dinero con poca especificidad en su destino, pueda utilizarse para una serie de cometidos surgidos durante el correr del año, que de otro modo sería un gran problema burocrático cambiar. Esto obviamente promueve cierta discrecionalidad para el Departamento Ejecutivo Municipal, pero resta incontables gastos burocráticos. Y el hecho fundamental es que las obras luego se ven, además de quedar registradas en Contaduría, para el control de quien lo desee. El verdadero control social proviene de la práctica, de la calle, de lo que el ciudadano nota, con comparación con la situación previa.
Algo similar ocurre con temas menores como el haber comenzado a construir una ampliación de la oficina del Parque Tambor de Tacuarí, sin previa autorización del Concejo Deliberante. Es decir, haber comenzado con el hecho, antes del trámite, lo cual causó una acalorada discusión en el recinto del Concejo. Podrían enumerarse muchísimos casos por el estilo.
Pese a lo deseable de seguir hasta la última regla, no parece descabellado relacionar el estilo reglamentarista con la ineficiencia. A esta altura, casi nadie discute que el patrimonio del estado no debe pasar a manos privadas, pero es precisamente un estado ineficiente el que abona la tendencia a la entrega del patrimonio público. ¿A quién golpea y a quién beneficia un estado ineficiente? Puede ensayarse una respuesta al respecto.
En una sociedad capitalista y liberal como la que vivimos, la riqueza tiende a concentrarse, independientemente de la capacidad y voluntad de las personas, por lo cual quienes se encuentran en una precaria situación económica, tienden a empobrecerse aún más y quienes tienen mayores herramientas financieras, generalmente profundizan sus ventajas. Y esto sucede porque el sistema pretende poner en igualdad de derechos a las personas, pero no en igualdad de posibilidades, entonces gana aquel que tiene más herramientas, en perjuicio de quien no las tiene.
Es precisamente la función del estado intervenir en ese estado de cosas, para menguar o en lo posible neutralizar el efecto concentrador de la economía capitalista. Por ejemplo, quien tenga los recursos como para pagar un servicio de salud privado, que es caro, no dependerá del estado para sobrevivir en caso de enfermedad. Quien pueda pagar una escuela cara, no necesitará que el estado le provea educación. Quien viva en un country o pueda acceder a un servicio de seguridad privada, seguramente tendrá menos necesidad de una policía honesta y competente.
Por eso la ineficiencia, y a veces la inutilidad del estado, es perversa y es inadmisible. Porque precisamente afecta al que más lo necesita. Siempre es saludable seguir las reglas y promover la seguridad institucional, pero existen en nuestro país innumerables casos en los cuales la diferencia entre seguir el reglamento o saltarlo afecta, por ejemplo, la salud o la alimentación de una criatura, y es más fácil pensar en las reglas si esa criatura es hijo de otro. Máxime en la situación actual, cuando el reglamentarismo, lejos de garantizar la limpieza en los procesos, solamente opera como barrera desalentadora de la presencia del estado allí donde más se necesita. ¿Cuál es elemento que el ciudadano tiene para exigir la limpieza de los procesos? Examinar un expediente de 500 fojas o una causa jurídica a los 2 años, no parece el camino más efectivo. Pero eso no significa que no se pueda controlar. Cada pueblo podrá juzgar, todos los días de su vida, mirando a su alrededor, asistiendo a los organismos del estado, controlando comparativamente, a dónde va a parar el dinero de los impuestos. No son pocos los ciudadanos que prefieren que su dinero vaya a parar a donde debe ir, en lugar de financiar el aparato burocrático.
Quizás el mayor desafío del estado actual, sea la renovación de las reglas, de modo que el hecho de cumplirlas no implique remar en dulce de leche. Entre las realizaciones y la fuerza instituyente de una nueva reglamentación para todas las actividades del estado estará la respuesta, que obviamente no es fácil, no es cómoda, pero indudablemente es una urgencia. Chajarí, en el umbral de la elaboración de su carta orgánica, se encuentra ante una oportunidad única en este sentido.
Como es de público conocimiento, cada tanto en el Concejo Deliberante de Chajarí, se arma un tole tole, por causas que van desde una minuta de comunicación ingresada maliciosamente justo antes de comenzar la sesión, pasando por el pase de viejas facturas partidarias, hasta declaraciones públicas realizadas con anterioridad a la sesión.
