Sin pretensiones de objetividad, ni mucho menos, y luego de varios días de hostigamiento, quiero exponer una lectura del ruidoso, aunque muy minoritario conflicto que plantearon algunos compañeros municipales en estos días.
Desde algún foro se agitaron teorías conspirativas internas que a mi juicio son un fenomenal disparate. Visto desde nuestra ciudad, el conflicto parece descabellado, pero tiene su lógica. A todas luces el problema no es local, ni si quiera provincial, es un tema de construcción de poder sindical a nivel nacional. Los reclamos menores particulares que se están haciendo en Chajarí no hacen a la cuestión de fondo. Se pretende crear una fuerza sindical de empleados municipales con el suficiente poder como para dominar la escena nacional en el gremio de los municipales. En esa tarea parecen estar.
En nuestro caso, se instalaron Chajarí integrantes de la Federación Entrerriana de Trabajadores Municipales (FETRAM), pertenecientes a su vez a la COEMA (Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina). Las condiciones vienen impuestas de arriba y el pobre compañero Sangalli (representante público del sindicato chajariense) quedó encerrado, casi sin margen de maniobra propio. Ya estaba determinado de antemano que el piso iba a ser de 2300 pesos, algo que no contempla las particularidades de nuestro municipio, a lo que no estamos ni cerca de llegar, aún habiendo aumentado los sueldos más del 20% en solamente 4 meses de gobierno.
El resultado era obvio. No se puede dar lo que no hay. Entonces necesitaban mostrar fuerza, pero resulta que no se consiguió adhesión de los 500 y pico de empleados municipales. Llegaron a convencer apenas a cerca de 40 compañeros (en un cálculo muy optimista), por lo cual no tuvieron más remedio que traer gente de afuera para hacer algo de ruido, y sus posibilidades de tener algo de fuerza dependen exclusivamente de la gente de afuera que puedan juntar, porque el rechazo local es casi unánime.
Veremos hasta donde llegan, porque no creo que el intendente entregue lo que no hay. Veremos cuanta gente están en condiciones de traer, cuanto tiempo los pueden mantener acá, cuánto les va a salir a los de afuera y a los de acá en plata y en costo social. También sabemos que no hay pasividad del gobierno municipal. Se está trabajando fuertemente en la cuestión legal y en la preventiva, como corresponde. También se está trabajando mucho en la logística para no resentir los servicios frente a los distintos bloqueos que reciben los trabajadores que están activos. Algo que se viene logrando bien.
Sin embargo, me parece que la discusión de fondo es política, es ideológica y es nacional. El problema, creo, es el siguiente, existen recursos limitados y también tenemos una situación social que es angustiante. Estamos mil veces mejor de lo que estuvimos, pero persiste una cantidad inaceptable de pobres, que sí o sí necesitan atención del estado. Hay todavía demasiada explotación, demasiado trabajo no registrado, faltan demasiadas viviendas y falta dar el salto cualitativo en la infraestructura de educación pública, entre otros temas graves a resolver. Entonces, tenemos que pensar, si la prioridad son los trabajadores registrados, o la gente que se caga de infeliz todos los días, muchos de ellos, niños. Siempre hay que mejorar la situación de los trabajadores, todavía están bajos los salarios, pero hay prioridades, y es momento de atacar los núcleos duros de la pobreza.
Concretamente, en el país, en la provincia y en la ciudad, la inversión en política social es absolutamente prioritaria, vital, como el agua. Por eso, se reconoce un aumento al empleado municipal que es pagable, que acompaña la inflación, como corresponde, pero es inmoral sacrificar la política social o los servicios que pagan nuestros ciudadanos, para cumplir con expectativas de sindicatos y grupos que ni si quiera son de acá. Los reclamos sectoriales son legítimos, pero un gobierno no debe trabajar para un sector en especial, sino para toda la comunidad. Para eso fue votado.
