Postura sobre la colegiación de Comunicadores Sociales en Entre Ríos

El Senador José Luis Panozzo presentó recientemente un proyecto de ley en la Cámara Alta provincial para instituir la colegiación de los profesionales en Comunicación Social.  El proyecto generó flor de revuelo, incluida la bronca de la persona con mayor poder de la ciudad de Chajarí y distintas entidades relacionadas a medios, con su correspondiente impacto en la opinión pública y seguramente en distintas esferas de poder político. 

Más allá de las pasiones que pueda despertar, es un hermoso tema para debatir.  Ese debate, que algunos pretenden obturar alegando principios democráticos y descalificando a quienes opinan distinto, es también parte de la libertad de expresión.

No tuve ningún tipo de participación en la iniciativa, ni conozco muy en profundidad el proyecto, dado que lo leí una sola vez, pero me parece interesante por lo menos que el tema se plantee y se discuta.  Bienvenidos los proyectos que movilizan. En esa posibilidad que tenemos los ciudadanos de poner el grito en el cielo, de enojarnos y de poder denostar una iniciativa de un representante legítimo del pueblo o de un sector determinado, consiste la democracia.  Justamente eso que molesta tanto y merece el repudio, por ejemplo, de la  Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos (AFMER) o a la Unión de Trabajadores de la Comunicación de Entre Ríos (UCTER).

En principio, comparto que la calidad técnica del trabajo periodístico no tiene nada que ver con su estudio universitario.  Es decir, la experiencia demuestra que hay periodistas con excelente manejo de la técnica, que no estudiaron comunicación social, ni periodismo profesional y existen miles de mediocres y malos periodistas que sí han hecho la carrera profesional.  Ejemplos: Nelson Castro es médico, Ernesto Tenembaum es psicólogo, Zlotowiazda economista, Gonzalo Bonadeo no estudió la carrera de periodismo ni comunicación, lo mismo que Lanata, por citar solamente algunos casos conocidos. 

En este sentido, desde mi punto de vista, el periodismo no es una profesión, sino un oficio que se aprende trabajando y depende de las habilidades personales mucho más que del estudio.  Sin ir más lejos, yo estudié y me recibí de comunicador social, pero los periodistas locales, de oficio, que no hicieron la carrera pero hace años trabajan en esto como Beto Ponzoni, Gismondi, Joselo Zapata o Gustavo Surt, me recagan a chirlos de acá a la luna ida y vuelta en el ejercicio del periodismo.  Si bien yo no me dedico al periodismo, (hago comunicación institucional, que es otra cosa), ellos tienen un mejor conocimiento del trabajo a la hora de encarar una entrevista, de saber a quién preguntarle tal o cual cosa, cómo preguntar, a qué fuente acudir para obtener la información más veraz o de modo más rápido, establecer qué temas pueden resultar más interesantes al público, cómo construir rating o saber desenvolverse frente a un micrófono o una cámara.   Eso no está en discusión. Como tampoco está en discusión la calidad del trabajo de Roxana Marchessi, Pablo Vercellino o Miriam Etchevarne, que sí estudiaron.

Por otra parte, creo firmemente que todos tenemos el derecho de trabajar y todos tienen el derecho de expresarse por un medio de comunicación, más allá de que hayan estudiado para eso o no, más allá del poder político y también más allá de los dueños de cada medio, aunque algunos defensores de la libertad de prensa se olviden de este último condicionante, que es el más frecuente de censura previa en nuestros días, como viene quedando cada vez más claro.  Ese derecho tiene que estar garantizado para todos.  Esto tampoco creo que está en discusión acá.  

Ahora, también tiene que quedar claro que quienes nos rompimos el culo estudiando tenemos derecho a colegiarnos, como tienen las otras profesiones.  Ejemplo, el ejercicio de la locución está colegiado en muchos lugares y no afecta el derecho de trabajar en medios de comunicación de nadie, ni la libertad de prensa, ni nada.  Se trata de tener voluntad y una actitud democrática real, que vaya más allá de las palabras.

Rescato la osadía del Senador Panozzo para presentar este proyecto sin hacer especulaciones electoralistas, sabiendo que la reacción podía ser fuerte, de sectores de poder real, y con tapones de punta.  Por algo es un tema que los políticos no tocan.  Se pierde de vista que en nuestro sistema democrático, los proyectos de ley se debaten de cara a la sociedad, con la posibilidad de que todos opinen, quedando disponible para ser trabajado y modificado o rechazado por dos cámaras legislativas.  De todos modos, para que quede claro quién manda en Entre Ríos, apuesto mil a uno que no se va a aprobar el proyecto, ni si quiera con modificaciones. 

En mi humilde opinión, que trabajen todos los que quieran en los medios de comunicación, uno no quiere meterse con el trabajo de nadie.  Pero es necesario encontrar la forma de colegiarnos sin afectar la libertad de expresión, para dar ese salto de calidad que nos falta, para no bajar el mensaje de que es lo mismo estudiar que no estudiar, para que podamos regular cuánto cobramos por cada actividad, para que el profesional esté obligado a ser tener responsabilidad en el ejercicio de la profesión, para que seamos los mismos matriculados los que podamos redactar un código de ética, para tipificar los alcances de cada trabajo y los límites de la actividad profesional, para tener más fuerza como colectivo, para defender la capacitación que nos costó 5 o más años conseguir, para lograr igualdad de condiciones laborales por igual trabajo, para que un empleador tenga la certeza de que si contrata a un profesional con título, ese profesional está obligado por su colegio a responder de determinada manera y a tener determinada calidad en su trabajo, para dar certezas a la comunidad y al mercado laboral sobre el perfil de comunicador profesional, para que la profesión tenga su peso en los concursos para el trabajo en el estado, para dar protección legal y laboral al profesional frente a los abusos o censura de la empresa, etc.

Está todo bien con todos y no se discute la defensa de la libertad de expresión, pero nadie tiene por qué prohibirnos la colegiación de prepo, ni cancelar debates democráticos con denuncias de ataque a la prensa libre.